LECTURA OBLIGATORIA PROFESOR MARIMONT "LOS EMPLEADOS PÚBLICOS:EL ÚNICO CAPITAL IMPRESCINDIBLE"

Los empleados públicos: el único capital imprescindible
1) Las exigencias éticas de la Función Pública
2) Hacia una nueva cultura organizativa
3) Dirección y liderazgo en las Administraciones Públicas
El avance de las organizaciones depende, cada vez en mayor medida, de las personas que las integran. En un entorno cambiante y competitivo, la adaptabilidad y el aprovechamiento de las mejores oportunidades por parte de las empresas y de las instituciones, la racionalización de sus actividades y el incremento de su productividad derivan de la capacidad de sus empleados y de su actuación cooperativa.
Ante este panorama, se consolida una nueva concepción de la dirección de las personas que valora la creatividad, la innovación y la flexibilidad; el trabajo en equipo, la calidad de la atención a los usuarios, la auto-evaluación y su consiguiente mejora continuada; la formación permanente y el gusto por el trabajo bien hecho, desde el convencimiento de que todo ello redundará en la calidad del producto o del servicio que presta la organización.
Para lograr esa implicación de las personas que una organización de calidad requiere, es preciso confiar en el personal, conferirle un grado de autonomía amplio en relación con las actividades que realiza, incorporar sus aportaciones a los procesos de mejora, reconocerle públicamente y promover su desarrollo profesional y personal.
La Administración tiene dificultades para adaptarse a esta nueva concepción, que toma en consideración las exigencias de los nuevos tiempos y la evolución de las expectativas de los individuos con respecto a la actividad laboral, y prescinde de un potencial considerable de transformación y de avance.
Sin embargo, no hay razón alguna que justifique mantener a las Administraciones al margen de este movimiento que hace de las personas la clave del éxito de cualquier programa de cambio organizacional.
1. Los empleados públicos: el único capital imprescindible
Las personas que trabajan en la Administración tienen la responsabilidad de la ejecución y desarrollo de las políticas públicas. La presencia de los empleados públicos asegura la defensa de los intereses generales, garantiza la aplicación de los principios de independencia y equidad en las relaciones de la Administración con los ciudadanos y promueve una mayor integración y cohesión social. Su trabajo resulta indispensable para la prestación de servicios. Por la propia naturaleza de la actividad que desarrollan, el capital humano es la piedra angular del buen funcionamiento de las unidades administrativas. Son los empleados públicos quienes, con su preparación y dedicación, se convierten en un factor crítico para el logro de una Administración más sencilla, más ágil y más eficaz.
El conocimiento generado, a partir de las capacidades de los empleados públicos y de su experiencia en el desempeño de las actividades encomendadas, constituye una parte fundamental de este capital humano. Los saberes acumulados por el conjunto de la Administración -y, particularmente, los de carácter procedimental- residen en las propias personas que la integran; pero, además, existen aspectos no estrictamente intelectuales, ubicados en la esfera de los valores, los sentimientos y las actitudes, que promueven la identificación del funcionario con su misión y completan lo esencial de ese capital imprescindible.
2. Las exigencias éticas de la Función Pública
La legitimación de la Administración ante la sociedad no radica tan sólo en su capacidad de prestación de servicios sino en la calidad de dicha prestación. Esta forma de legitimación se traslada a los empleados públicos e incide en su prestigio que dependerá, como colectivo, de la consideración que los ciudadanos tengan de su trabajo y de la percepción que posean de sus resultados.
La sociedad plantea a la Administración una doble exigencia; por un lado, espera de ella la defensa del interés general, su contribución a la cohesión territorial y social; y, por otro, demanda la solución a los problemas concretos que cada ciudadano o usuario se puede encontrar en su relación particular con los servicios públicos. Esa doble exigencia se traslada, asimismo, a las personas que trabajan en la Administración sin que sea posible limitar la relación de servicio a uno de esos dos planos ni obviar en el desempeño diario la existencia de esa doble realidad.
Por las razones expuestas, los empleados públicos tienen la responsabilidad de realizar bien su trabajo y de contribuir a su mejora de forma permanente; de lo contrario, el mal desempeño no sólo dará lugar a un mal servicio, sino que, además, incidirá negativamente en los intereses generales y en el logro de esos fines de equilibrio territorial y social atribuidos a las diferentes Administraciones. La falta de preocupación por obtener los resultados que los ciudadanos y la sociedad esperan y necesitan genera injusticia y es contrario al espíritu constitucional.
Difícilmente será posible contribuir al interés general si se descuida la calidad del servicio que se presta a los usuarios directos de la Administración, a sus destinatarios. La mejora en la atención a los intereses generales requiere la mejora de los servicios que se prestan a cada ciudadano y a cada organización. En esta esfera dual se inscriben las exigencias éticas de los funcionarios públicos y el cumplimiento de los principios constitucionales.
Los empleados públicos han de mantener, asimismo, los principios de neutralidad política, imparcialidad, objetividad e integridad moral, principios que configuran una Administración profesionalizada e independiente al servicio de los ciudadanos y del progreso de la sociedad y dispuesta, permanentemente, a una óptima ejecución de las políticas públicas que en cada momento se generen.
En definitiva, el concepto de servicio público y su plasmación en las actuaciones cotidianas ha de reposar, para todos los niveles organizativos, en una ética renovada de la Función Pública; una ética de la responsabilidad que revaloriza la importancia de los resultados de la gestión y asume las consecuencias derivadas de las actuaciones individuales.



3. Hacia una nueva cultura organizativa
La rápida evolución de la sociedad, del mundo de las empresas y de las organizaciones no ha impedido a la Administración mantener un sistema de Función Pública, prácticamente estable en las últimas décadas, sin que pareciera necesario o urgente acompasar sus respectivos ritmos de cambio.
La posición estratégica que hoy ocupa la Administración en la vida colectiva y su papel como condicionante del progreso social y económico, le obliga a una profunda transformación que no será posible sin un replanteamiento de la Función Pública.
Sin perjuicio de las diferencias existentes entre el sector público y el sector privado, que derivan de sus propios fundamentos, la búsqueda de una mayor aproximación entre las relaciones laborales del mundo público y del mundo privado constituye una orientación de indudable valor estratégico. Las ventajas obtenidas por las empresas e instituciones privadas, las mejoras de los productos y de los servicios que ofrecen a sus clientes, como consecuencia de los nuevos modelos de dirección de su personal, proporcionan algunas lecciones que pueden ser aprovechadas, en su justa medida y con las debidas adaptaciones, por las organizaciones públicas para responder a los desafíos y atender las nuevas demandas de los ciudadanos y de la sociedad.
La nueva cultura organizativa de la Función Pública que se requiere ha de promover el incremento del conocimiento experto de los empleados, la profundización en sus valores de servicio público y un compromiso renovado de orientación de la Administración a los ciudadanos, en un clima laboral que reconozca, valore y confíe en las capacidades de los empleados públicos y promueva su involucración en los procesos de mejora.
El capital de conocimientos y de destrezas obtenido por la Administración, mediante la selección de los más aptos, se verá enriquecido con el nuevo conocimiento experto fruto del trabajo diario de los empleados públicos y de su formación permanente. El conocimiento constituye un factor clave para conseguir una Administración que mejore continuamente la calidad de sus servicios, y se convierte, asimismo, en un elemento esencial para ordenar la organización del empleo en la Administración.
En este contexto, la formación se configura como un factor estratégico para la mejora del conocimiento y para la adecuación sostenida de las personas a las sucesivas actividades que en un mismo ámbito o en ámbitos diferentes hayan de desarrollar.
Junto al conocimiento, la calidad del desempeño y de los resultados obtenidos por los empleados son factores determinantes para el logro de una organización moderna de la Función Pública. Una mayor autonomía de los empleados ha de corresponderse con la mayor exigencia de eficacia y de responsabilidad en su actuación.
De una cultura organizativa basada únicamente en la jerarquía y en el cumplimiento de los procedimientos, ha de pasarse a una cultura que ponga en valor el trabajo en equipo, la gestión del conocimiento y la preocupación por la obtención de los resultados que esperan los ciudadanos y que hacen avanzar a la sociedad.
El mejor conocimiento y los mejores resultados -es decir, el mérito- deberán configurar la asignación y distribución de responsabilidades y tareas a los empleados públicos y permitirán construir una carrera administrativa flexible que asegure la mejor adecuación posible entre persona y actividad.
En la nueva cultura administrativa que se precisa, ha de tener cabida el respeto a la diversidad, la consideración de pluralidad de la sociedad como valor y la presencia de la mujer en todos los niveles y tipos de actividades. Como sucede en las mejores organizaciones privadas, la Administración debe facilitar el desarrollo personal de los empleados públicos. El diálogo se sitúa en la base de esta Administración renovada. Un diálogo entre los empleados públicos, en todos sus niveles organizativos, entre aquéllos y los ciudadanos y, también, con las entidades asociativas vinculadas a la Administración. El diálogo de la Administración con los sindicatos de la Función Pública, permite avanzar en el consenso, en la búsqueda de soluciones y en el logro de unas relaciones laborales que atiendan las demandas razonables de los empleados y, favorezcan, a la vez, unos mejores servicios a los ciudadanos, de conformidad con los principios de eficacia y eficiencia, de mérito y capacidad.


Carrera administrativa

4. Dirección y liderazgo en las Administraciones Públicas
La incorporación del personal a un proceso de cambio y la transformación de la cultura organizativa requieren un liderazgo renovado de quienes tienen responsabilidades en la organización. La capacidad para motivar y transmitir confianza a los colaboradores y su papel en la distribución de información y en la asignación de cometidos, de acuerdo con las necesidades de la organización y de las personas, constituyen elementos indispensables de los nuevos directivos públicos. Su función, por tanto, se ve acrecentada y su posición estratégica adquiere, si cabe, una mayor relevancia, no sólo por las decisiones que deben adoptar, sino además, por la capacidad, que se les supone, de implicar a su equipo humano en un mejor desempeño.
La dirección administrativa se convierte, pues, en liderazgo de personas. En una estructura organizativa basada en la delegación y en la confianza, que valora las aportaciones de todos y las integra de acuerdo con su misión, el liderazgo afecta a un mayor número de empleados. Allí donde hay un ámbito de responsabilidad debe ejercerse el liderazgo para la obtención de los resultados esperados.
Los directivos y los líderes en el ámbito público son emprendedores que movilizan a los restantes empleados. En ausencia de los efectos propios de los mecanismos del mercado, son ellos los que tienen la misión de aportar motivación y transferir energía a las unidades administrativas. Son protagonistas en la preparación y génesis de las políticas públicas; constituyen el elemento de conexión entre los ciudadanos, las personas que trabajan en la Administración y los grupos políticos que, desde los gobiernos respectivos, dirigen la Administración; son, en fin, los responsables de hacer que se ejecuten las políticas públicas adoptadas de acuerdo con las prioridades establecidas.






Función directiva

En una Administración orientada a los ciudadanos, que valora a los empleados públicos y potencia su implicación en la mejora de los servicios, los directivos y los líderes públicos han de involucrarse fuertemente, mantener el espíritu de servicio a la sociedad y generar la información precisa para la adopción de decisiones por parte de los responsables políticos.
Se concibe así al directivo y líder público como un verdadero emprendedor interno; como el motor activo del funcionamiento de la Administración. Cada directivo es, en su ámbito, allá donde se encuentre, el máximo responsable, el emprendedor total. La conjunción de todos esos emprendedores enriquecerá a la Administración y le permitirá enfrentarse, con mayores garantías de éxito, a los nuevos retos de servicio a la sociedad. La importancia del valor añadido que aportan, requiere de una especial preocupación hacia ellos por parte de los poderes públicos. Si fallan los motores se agotan las posibilidades de contar con una nueva Administración. La definición, por tanto, de una organización específica de la Función Pública directiva y su puesta en marcha, constituye uno de los desafíos internos más importantes para las Administraciones Públicas del futuro. El deslinde de la actividad política y la administrativa que figura en la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, ha supuesto un primer paso decisivo en esta dirección.
Extraído del LIBRO BLANCO “PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS”, Una nueva administración al servicio de los ciudadano Ministerio de Administraciones Públicas- Madrid 2000-España.

Documento de Cátedra:
Lectura obligatoria para alumnos de las Cátedra: Teoría General de la Administración, Introducción a la Administración y Administración Pública I

Profesor: José G.Marimont